Con el propósito de establecer una mayor vinculación con el foro litigante del Estado, se celebró el pasado 28 de febrero, una reunión de acercamiento entre el Poder Judicial de Tamaulipas y la Federación de Asociaciones de Abogados de Tamaulipas, A.C., en el marco del décimo aniversario de su fundación.
En representación del Magistrado Horacio Ortiz Renán, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, acudió el Consejero de la Judicatura Raúl Robles Caballero, Titular de la Comisión de Modernización y Servicios, quien expuso ante la agrupación de profesionistas del derecho, las particularidades de la adopción de la justicia laboral por parte de los órganos del Poder Judicial Federal y poderes judiciales locales, mientras que el Juez de Control Patricio Lugo Jaramillo, de la Primera Región Judicial, se refirió al Sistema Penal Acusatorio y Oral.
Por su parte, el Lic. Javier López Ríos, Presidente del citado organismo anfitrión, agradeció a la judicatura la oportunidad de fomentar una vinculación más amplia con las diferentes agrupaciones de abogados de Tamaulipas, pues ello permite establecer propósitos conjuntos para la mejora de la impartición de justicia en la entidad.
Robles Caballero aseguró que se llegó a la conclusión de que se requerían transformaciones cualitativas, para que la justicia laboral cumpliera su propósito, además de reconocer que una de las demandas de la sociedad mexicana es acceder a una justicia cercana, imparcial y eficiente.
“Por ello se deben transformar las instituciones y construir nuevas políticas públicas integrales y consensuadas, con base en los principios de legalidad, imparcialidad, equidad, transparencia, eficacia, certeza, independencia, objetividad, profesionalismo, publicidad, confiabilidad y autonomía. Esta modernización contribuye a asegurar la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores”, continuó.
Entre los cambios más significativos expuesto por el Consejero de la Judicatura destaca que derivado de la reforma constitucional a los artículos 107 y 123, promulgada el pasado 24 de febrero, la justicia laboral será impartida en lo sucesivo por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales, según corresponda, asumiendo las tareas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las juntas locales.
Además se replantea la función conciliatoria, para ser una instancia prejudicial a la cual los trabajadores y patrones deberán acudir, medida que busca que los nuevos órganos de impartición de justicia laboral concentren su atención en las tareas jurisdiccionales, propias de su nueva responsabilidad.
Finalmente, para asegurar su plena implementación, se señala que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades deberán realizar las adecuaciones legislativas que correspondan dentro del año siguiente a la entrada en vigor del Decreto