En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria, celebrada el pasado 28 de noviembre en la ciudad de Yautepec de Zaragoza, Morelos, el Poder Judicial de Tamaulipas recibió la certificación nacional que avala los estándares requeridos para la correcta implementación de los juicios orales mercantiles.
Con la representación del Magistrado Horacio Ortiz Renán, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, asistió a dicho encuentro el Consejero Raúl Robles Caballero, para recibir la referida distinción de manos de la Dra. Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía del Gobierno de México, así como del Comisionado Nacional, Dr. César Emiliano Hernández Ochoa.
La Segunda Sesión del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria fue presidida por la referida Secretaria de Economía, con la anfitrionía del Gobernador del Estado Cuauhtémoc Blanco, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas en la materia, además de compartir conocimientos y experiencias para generar cambios que contribuyan a erradicar malas prácticas, además de crear condiciones que permitan hacer más accesibles los trámites y servicios que se brindan a la ciudadanía.
El certificado otorgado al Poder Judicial del Estado de Tamaulipas garantiza que cumple con los estándares requeridos para la correcta implementación de los juicios orales mercantiles, a través de acciones de mejora regulatoria que aseguran una impartición de justicia de calidad, pronta y expedita en materia mercantil, constituyéndose como uno de los primeros cuatro tribunales a nivel nacional en alcanzar dicha distinción.
Además, lo anterior contribuirá al impulso de la competitividad y la mejora del ambiente de negocios en el territorio tamaulipeco, tomando en cuenta las reformas al Código de Comercio, principalmente las del 25 de enero de 2017, que corresponde a la liberación de la cuantía para la competencia de los juzgados en oralidad mercantil.
Asistieron más de 350 funcionarios federales, estatales y municipales; titulares de tribunales, órganos autónomos, empresarios, académicos y sociedad civil, con el propósito de difundir e impulsar la implementación de las acciones señaladas en la Ley General de Mejora Regulatoria, estableciendo los principios y bases que los sujetos obligados de los distintos órdenes de gobierno deberán implementar en el ámbito de sus respectivas competencias.
